En un panorama donde la justicia municipal lidia a diario con conflictos vecinales y adicciones, el Juez Cívico Moy Muñoz ha revelado un balance de claroscuros que marcan la pauta de seguridad en el municipio. Mientras la incidencia de menores infractores muestra una drástica tendencia a la baja, las celdas del C4 atestiguan cifras históricas de infractores recurrentes, todo esto en la antesala de las definiciones políticas locales.
La línea roja: De la falta administrativa al delito
En la dinámica operativa de la seguridad pública, Muñoz aclaró los límites de su jurisdicción frente a los ataques a la autoridad. Agredir a un oficial o vandalizar una patrulla con piedras o palos no entra en la categoría de falta administrativa; constituye un delito de lesiones y daño al patrimonio que debe ser turnado inmediatamente a la fiscalía.
El juez subrayó que su labor no es operativa ni de calle, limitándose a procesar los casos que las corporaciones policiales ponen a su disposición bajo un estricto apego al reglamento civil. No obstante, ante la constante reincidencia de algunas personas, reconoció que la fiscalía ya ha contemplado llevar al Congreso una iniciativa para penalizar estas conductas repetitivas que desgastan al sistema.
Los insólitos récords del C4
El fenómeno de la reincidencia tiene cifras que alarman. Las instalaciones del C4 y Colmena registran historiales inéditos, encabezados por el caso de «La Chulla», quien acumula más de 600 detenciones. Le siguen de cerca un hombre con 350 ingresos y un tercero con 200. Estas detenciones derivan casi exclusivamente de faltas como deambular en las calles o ser interceptados en estado de intoxicación.
Menores infractores: Rescate desde la raíz familiar
El escenario para los jóvenes de Jesús María es el aspecto más positivo del reporte. Durante los primeros nueve meses del año, las detenciones de adolescentes han disminuido entre un 50% y un 60%, sumando alrededor de 1,300 jóvenes procesados. Como muestra de esta baja, en el último fin de semana reportado solo se recibieron entre ocho y nueve menores en el juzgado.
Las principales causas de detención juvenil en la vía pública son causar disturbios —que frecuentemente consisten en hacer ruido excesivo o golpear portones de vecinos—, consumir bebidas embriagantes o estar intoxicados. Los casos de consumo de drogas, sean experimentales o adicciones consolidadas, se canalizan directamente a los Centros de Integración Juvenil.
El avance más destacado es que el sistema ha dejado de enfocarse únicamente en el menor infractor. Hoy, mediante una «escuela para padres» y el programa REINTEGRA, se exige el involucramiento de la familia, brindando incluso atención de salud mental a los padres que lo solicitan durante el proceso de sus hijos.
Justicia alternativa y aspiraciones azules
Para fortalecer el tejido social y evitar que pleitos vecinales lleguen a los separos, el municipio se encuentra a la espera de que la Universidad del Poder Judicial certifique a nuevos mediadores, con el objetivo de habilitar centros de justicia alternativa en seis delegaciones urbanas.
A la par de su labor judicial, Moy Muñoz no ocultó su visión para el futuro administrativo del municipio. Confirmó haberse registrado para contender en el próximo proceso electoral, a la espera de los tiempos oficiales. Y aunque reconoció la legítima aspiración de reelección del actual candidato, el juez cívico sentenció que su prioridad y trabajo están enfocados en una meta clara: que Jesús María siga «pintado de azul».
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