Ante el incremento de disturbios y riesgos viales provocados por adolescentes en motocicletas, las autoridades judiciales han implementado una política de «cero tolerancia» contra los padres de familia que permiten que sus hijos menores de edad operen estos vehículos, práctica que está estrictamente prohibida por la ley de movilidad estatal.
Operativos y sanciones económicas
Moy de Luna informó sobre una intervención reciente realizada el pasado viernes en el Segundo Anillo, donde diez menores de edad fueron puestos a disposición del juzgado de oralidad tras participar en una «caravana» que causó disturbios y puso en peligro a terceros.
De acuerdo con las autoridades, las multas por estas infracciones son acumulativas. Al presentarse múltiples faltas de manera concurrente —como conducir sin licencia, exceso de velocidad y falta de permisos—, los padres de familia han tenido que enfrentar sanciones que oscilan entre los 4,000 y 5,000 pesos por caso. De Luna enfatizó que no existe ninguna consideración especial, ya que la prioridad es prevenir accidentes fatales derivados de acrobacias y maniobras imprudentes en la vía pública.
Desintegración familiar y medidas preventivas
El funcionario señaló que el origen de estas conductas suele estar ligado a la desintegración familiar, factor que ha llevado a las autoridades a buscar soluciones más profundas. En este sentido, se formalizó un convenio con la Secretaría de Finanzas para la creación de una Escuela para Padres, un proyecto diseñado para fortalecer la educación desde el hogar y atender la crisis de autoridad que, según comentan los propios padres ante el juez, los mantiene rebasados.
Además, el juzgado ha implementado un esquema de seguimiento para menores canalizados a instituciones como el Centro de Integración Juvenil, con el fin de asegurar que cumplan con sus terapias y actividades. La omisión por parte de los padres en este acompañamiento puede derivar en sanciones económicas adicionales, fundamentadas en el desacato a la autoridad, con multas que van de las 4 hasta las 10 UMAS.
Actualización en políticas de grafiti
Finalmente, respecto a los actos de vandalismo mediante grafiti, De Luna anunció que el delito será despenalizado para enfocarse en la reparación del daño. El objetivo es que los infractores vuelvan a pintar las superficies afectadas, además de cubrir una sanción administrativa que ronda entre los 1,200 y 1,500 pesos.
«Afortunadamente los menores llegan conmigo y están con vida; cuántos accidentes se generan por estas maniobras que terminan en desastres fatales», concluyó el funcionario, haciendo un llamado a la responsabilidad de los padres de familia en Aguascalientes.
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