Durante décadas, la clase política ha navegado con cierta holgura por las aguas de la doble nacionalidad, pero a partir de 2028, las reglas del juego cambian drásticamente. Si alguien aspira a sentarse en la silla presidencial, gobernar un estado o tomar las riendas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, más vale que vaya alistando las tijeras para cortar cualquier lazo legal con el extranjero. Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma constitucional publicada el pasado 7 de octubre no solo pide lealtad; exige exclusividad absoluta.
Lejos de ser un simple ajuste cosmético a las leyes vigentes, la iniciativa de la mandataria aprieta las tuercas en cuatro frentes inéditos que transforman por completo el panorama electoral:
- El nuevo integrante del club: La Jefatura de Gobierno de la CDMX entra oficialmente al catálogo de cargos que exigen nacionalidad mexicana única, equiparándola con la Presidencia y las gubernaturas estatales.
- La trampa de la cuna: La ley ya no distingue entre quienes buscaron un pasaporte extranjero y quienes nacieron con él. Al prohibir expresamente «tener ni adquirir» otra nacionalidad, el cerrojo alcanza a quienes heredaron el estatus de sus padres o nacieron fuera del territorio. No hay excusas de sangre ni de suelo.
- Quemar las naves antes de zarpar: Quizá el golpe más audaz de la reforma sea el cronograma. Ya no será posible guardar el segundo pasaporte como premio de consolación. La renuncia a la otra nacionalidad debe ser efectiva antes de solicitar el registro de la candidatura, obligando a los aspirantes a apostarlo todo sin garantía alguna de ganar en las urnas.
- Un mandato bajo la lupa: Las restricciones no terminan el día de la toma de protesta. Durante todo su encargo, los gobernantes tendrán prohibido adquirir otra nacionalidad, usar identificaciones extranjeras, votar en el exterior o pedir asilo diplomático en embajadas ajenas.
Sin embargo, el diablo está en los trámites burocráticos. El Congreso tiene ahora un reloj de 90 días haciendo tictac para resolver una paradoja monumental: ¿cómo se demuestra que otro país ya no te considera su ciudadano? El gobierno mexicano puede expedir un certificado de renuncia, pero cada nación extranjera tiene sus propias reglas para dar de baja a sus nacionales. En un intento por blindar la soberanía, el acceso a las boletas mexicanas podría quedar, irónicamente, a merced de los tiempos y voluntades de burocracias extranjeras.
En el fondo de este laberinto legal late un debate mucho más profundo sobre el patriotismo. La reforma impulsada por Sheinbaum se sostiene sobre la premisa de que un pasaporte adicional equivale a lealtad dividida, asumiendo que la exclusividad de papel es sinónimo de integridad política. Sin embargo, un vistazo rápido a los capítulos más oscuros de la historia política de México demuestra que, para traicionar los intereses de la nación o vaciar las arcas públicas, a nuestros gobernantes siempre les ha bastado con una sola nacionalidad.