Especialistas señalaron que las restricciones propuestas a deducciones y pérdidas podrían elevar el ISR efectivo de algunas compañías; también prevén mayor fiscalización y posibles controversias legales.
El Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes advirtió que los cambios fiscales planteados para 2027 podrían incrementar la carga tributaria de empresas medianas y presionar sus costos, con la posibilidad de que parte del impacto llegue a los consumidores mediante aumentos de precios.
Durante una rueda de prensa, especialistas convocados por el Colegio analizaron las medidas incluidas en la propuesta fiscal y las relacionaron con un panorama económico que calificaron como retador. De acuerdo con las cifras expuestas en el encuentro, el paquete proyecta un crecimiento económico de 2% y una recaudación equivalente a 15.9% del producto interno bruto. Los participantes consideraron que, ante ese escenario, la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendría un papel importante en el cumplimiento de las metas recaudatorias.
Entre los cambios que más inquietud generaron está la propuesta de limitar las deducciones de ciertas empresas. Según los ejemplos explicados, algunas compañías no podrían restar de sus ingresos la totalidad de los gastos efectivamente realizados, lo que podría elevar la base sobre la que se calcula el impuesto sobre la renta (ISR), aun cuando esa base no refleje la utilidad económica real.
Los especialistas también cuestionaron el límite propuesto para aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. En el ejemplo presentado durante la rueda de prensa, una empresa con mil pesos de utilidad y pérdidas acumuladas solo podría descontar 500 pesos, generando una base gravable pese a arrastrar pérdidas. Advirtieron que el efecto dependería de las características de cada contribuyente y de las excepciones contempladas en la propuesta. Entre ellas, mencionaron empresas con ingresos anuales inferiores a 50 millones de pesos y ciertos sectores o tipos de contribuyente.
La exposición incluyó otros ajustes: reducir de 30% a 20% el límite de deducción de intereses respecto de la utilidad fiscal ajustada y considerar el devengo como uno de los momentos para retener impuestos en pagos al extranjero, incluso antes de que se liquide la contraprestación. En contraste, se planteó ampliar los límites de ingresos para incorporarse al Régimen Simplificado de Confianza: de 3.5 a 100 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales, conforme a las cifras mencionadas por los ponentes.
Asimismo, se habló de un estímulo para regularizar adeudos fiscales, que permitiría cubrir el impuesto principal y su actualización con reducciones de recargos, multas y gastos de ejecución. Los expositores señalaron que la propuesta excluiría a contribuyentes con ingresos superiores a 300 millones de pesos en 2025 y que permitiría volver a solicitar el beneficio aunque se hubiera utilizado anteriormente. La elegibilidad y las condiciones dependerán de las disposiciones que finalmente entren en vigor.
Alertan sobre fiscalización y defensa de contribuyentes
Además de las propuestas para 2027, los participantes expresaron preocupación por las herramientas de fiscalización que ya utiliza el SAT, como los cruces automatizados de información y la posible restricción del certificado de sello digital, que impide emitir facturas.
También cuestionaron el procedimiento relacionado con el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación. Según la interpretación expuesta, ciertos contribuyentes que recibieron facturas de proveedores incluidos en un listado podrían tener que retirarles efectos fiscales y regularizarse en un plazo de 30 días. Los especialistas sostuvieron que el mecanismo podría limitar la oportunidad de demostrar que las operaciones fueron reales y anticiparon posibles impugnaciones constitucionales. La constitucionalidad de esas disposiciones, sin embargo, corresponde determinarla a las autoridades judiciales.
Como medida preventiva, el Colegio recomendó a las empresas revisar sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, así como conservar documentación que respalde sus operaciones. Los ponentes advirtieron que mayores cargas podrían reducir márgenes de utilidad, impulsar ajustes de precios o agravar las dificultades de negocios con rentabilidad limitada.