En medio de la discusión económica nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Aguascalientes ha lanzado una severa advertencia sobre el futuro financiero del país. Lejos del optimismo oficial, la dirigencia estatal exige que el Paquete Económico Federal 2027 sea sometido a un escrutinio riguroso, priorizando sus efectos reales en los bolsillos de las familias y en las calles del estado, más allá de las cifras macroeconómicas.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Kendor Macías, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, encendió las alarmas frente a las proyecciones de endeudamiento. Detalló que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) perfilado para 2027 alcanzará la estratosférica cifra de 21.85 billones de pesos, lo que representa el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El líder tricolor lanzó una interrogante directa a la Federación: frente a esta deuda histórica, ¿qué porcentaje de esos recursos se traducirá en beneficios tangibles para Aguascalientes? Macías urgió a que el presupuesto garantice inversión en infraestructura, abasto de agua, salud y seguridad, además de fortalecer a los municipios que hoy enfrentan recortes operativos. “México necesita responsabilidad financiera, justicia social y crecimiento económico”, sentenció, subrayando la urgencia de crear condiciones de certidumbre para la inversión y la generación de empleos.
Sangre nueva y despliegue territorial
A la par de la postura crítica a nivel federal, el PRI busca fortalecer su estructura interna de cara a los próximos retos políticos. Andrés Espino, dirigente del Comité Directivo Municipal en la capital, anunció la integración de los jóvenes profesionistas Gael Millán Rivera y José Luis Hernández Herrera, quienes asumen cargos como secretarios en el comité.
Espino destacó que la reciente jornada de afiliación ha superado las expectativas, lo que, a su juicio, demuestra que el trabajo de campo está rindiendo frutos. Con estas incorporaciones, el partido apuesta por oxigenar sus filas y mantener las puertas abiertas a la participación ciudadana.
Frente común y defensa jurídica
El respaldo a estas exigencias llegó desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Caro Dávila, delegada en la entidad, cerró filas con la dirigencia local para exigir una discusión técnica, transparente y sin tintes partidistas del presupuesto federal, poniendo a la seguridad y la salud pública en primer plano.
Finalmente, la delegada no evadió el tema de las recientes medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a ciertas publicaciones del partido. Dávila fue categórica al aclarar que se trata de resoluciones derivadas de un análisis meramente preliminar y anunció que el PRI agotará todas las instancias legales correspondientes para defender su postura. Con este mensaje, el partido reiteró su papel como una oposición institucional, dispuesta a dar la batalla jurídica siempre apegada al marco legal.
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