A pesar de las recientes renovaciones de flota para el transporte colectivo, la entidad enfrenta una severa crisis estructural en sus calles. En la última década, el sistema de transporte público urbano ha visto esfumarse al 50% de sus pasajeros, mientras que la ciudad recibe miles de automóviles nuevos cada mes, revelando las consecuencias de priorizar el asfalto sobre los peatones y la falta de una política integral a largo plazo.
Recientemente, las autoridades estatales anunciaron la incorporación de 100 nuevos camiones a las rutas urbanas. Este lote incluye ocho unidades articuladas, conocidas como «orugas», con capacidad para 120 pasajeros, así como la instalación de más de un centenar de paraderos. Aunque el proyecto oficial busca beneficiar a 180,000 usuarios, las cifras históricas reflejan una desconexión con las verdaderas necesidades de la población: los viajes diarios en el transporte público cayeron de 360,000 en 2015 a tan solo 180,000 en la actualidad.
Esta deficiencia prolongada en el servicio colectivo ha empujado a la ciudadanía a buscar alternativas propias, desatando una motorización acelerada y sin precedentes. Los registros oficiales indican que cada mes se suman alrededor de 2,000 automóviles nuevos a las calles. Para mediados de este año, el padrón vehicular alcanzó la alarmante cifra de 876,000 unidades, de las cuales 516,000 corresponden a automóviles particulares y 167,000 a motocicletas.
Especialistas en planeación urbana que han analizado la situación coinciden en que la raíz del colapso vial radica en la ausencia de una política de movilidad continua y verdaderamente estructurada. Las acciones de los distintos niveles de gobierno han sido calificadas como medidas a corto plazo e improvisadas, marcadas por el desperdicio de recursos al desechar costosos estudios de administraciones pasadas sin darles seguimiento.
A esta falta de rumbo se suma una evidente desigualdad en la inversión pública. Mientras se proyectan obras faraónicas para los vehículos motorizados —como un reciente distribuidor vial valuado en 1,500 millones de pesos—, los peatones y ciclistas son relegados. La ciudadanía denuncia diariamente la falta de banquetas seguras, la ausencia de redes de ciclovías conectadas y el pésimo estado de las vialidades por los baches. Los expertos advierten que la estrategia de seguir construyendo puentes y ampliando avenidas es un círculo vicioso que solo incentiva la compra de más vehículos y agudiza el tráfico.
Para corregir el rumbo, los analistas proponen un cambio radical de enfoque: dejar de ver la movilidad como un tema de vehículos y comenzar a tratarla como un derecho fundamental que permite a las personas acceder a otros derechos básicos, como la salud, el trabajo y la educación.
Entre las propuestas más urgentes destaca la necesidad de blindar las dependencias encargadas del transporte y desarrollo urbano, exigiendo que sean dirigidas por especialistas con amplia capacidad técnica, erradicando la práctica de utilizarlas para el pago de favores políticos. Finalmente, se hace un llamado a abrir las puertas a la sociedad civil organizada, involucrando activamente a universidades y colegios de profesionistas en el diseño de la ciudad del futuro.
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