Especialistas en psicología forense, derecho penal y derechos humanos advierten que señalar el origen de los criminales viola la presunción de inocencia, alimenta la discriminación y enmascara la falta de investigación real.
Cuando la violencia estalla en las fronteras estatales, la primera respuesta gubernamental parece ser lavarse las manos y señalar al mapa. En un reciente foro de análisis sobre el fenómeno criminal en la región, un grupo de especialistas desmenuzó la controvertida práctica de las autoridades de justificar la delincuencia atribuyendo el origen de los sospechosos a otros estados o países.
La discusión tomó fuerza tras las declaraciones del secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, quien responsabilizó a jóvenes originarios de Aguascalientes por los atracos y ataques con explosivos en Villa García y Ojo Caliente, asegurando que los hechos iniciaron en suelo hidrocálido. Sin embargo, los analistas indicaron que esta retórica es de ida y vuelta: las autoridades de Aguascalientes recurren con frecuencia al mismo discurso al culpar a células procedentes de Jalisco, Zacatecas o el Estado de México, o al deslindarse de hallazgos de violencia argumentando que los cuerpos quedaron a escasos metros fuera de su demarcación territorial.
Para el especialista en psicología forense Aurelio Coronado, este fenómeno responde a una «perfilación territorial». Según el experto, las fiscalías y secretarías se convierten en voceras de la tranquilidad para vender la falsa idea de que la violencia es ajena y que «los delincuentes vienen de fuera», en lugar de desarrollar investigaciones minuciosas sobre las redes de macrocriminalidad y establecer una colaboración real entre entidades vecinas.
Desde el plano jurídico, el abogado penalista Eduardo Serafín advirtió sobre los severos riesgos constitucionales de esta narrativa. Censuró que los funcionarios califiquen públicamente a personas recién detenidas como responsables sin un juicio previo, violando flagrantemente la presunción de inocencia. Serafín precisó que el lugar de origen de un imputado solo es relevante técnicamente en los juzgados para evaluar el riesgo de fuga al momento de fijar la prisión preventiva, por lo que su difusión pública no aporta nada a la procuración de justicia.
Por su parte, la especialista en derechos humanos Nadine Cortés comparó esta estrategia con la retórica internacional de polarización, citando cómo en Estados Unidos se utiliza la estigmatización contra los migrantes latinoamericanos para construir un «enemigo externo» y eximirse de responsabilidades internas.
Finalmente, los especialistas advirtieron sobre la ligereza con la que algunos funcionarios locales han calificado como «terrorismo» los recientes ataques con drones y artefactos explosivos. Explicaron que, además de ser una figura legal estricta que le compete imputar de forma exclusiva a la Fiscalía General de la República, usar este lenguaje mediático alimenta discursos políticos externos que tensionan la soberanía nacional sin resolver de fondo el problema de la inseguridad que aqueja a la ciudadanía.
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