En Aguascalientes, existe una fuerte alerta dentro del sector privado frente a las recientes normativas fiscales contempladas para el próximo año. La política federal que busca cobrar un 3% de impuesto sobre la renta sobre las ventas, independientemente de si las empresas registran pérdidas, ha generado gran preocupación entre los inversionistas y emprendedores de nuestro estado.
Esta severa fiscalización representa un riesgo inminente que podría ahogar a los negocios locales, advierten especialistas. De aplicarse, se teme que la presión tributaria provoque el cierre definitivo de diversas empresas formales y detone un aumento en la informalidad laboral, un fenómeno que terminaría afectando directamente la estabilidad y economía de las familias hidrocálidas.
En cuanto a la distribución de recursos, el gasto federal programable para nuestra ciudad y estado se estima en 52 mil millones de pesos, lo que se traduce en un crecimiento real cercano al 7% en comparación con el año anterior.
Aunque los recursos etiquetados en los ramos 28 y 33 brindarán un necesario respiro a las finanzas estatales y municipales, la realidad es que Aguascalientes continuará sin ser protagonista en grandes obras federales. La inversión en infraestructura para nuestro estado seguirá limitándose a proyectos ya previstos, tales como el nuevo hospital del Seguro Social, la clínica del ISSSTE y las obras correspondientes al Distrito de Riego.
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