En lo que representa una grave denuncia de violaciones a los derechos humanos y laborales en el estado, Efraín Muro, representante del Centro de Atención de Ags. A.C. (CAVA), expuso públicamente una alarmante red de discriminación corporativa y una crisis de atención médica que pone en riesgo la vida de cientos de pacientes con VIH.
La denuncia apunta directamente a algunas de las principales fuentes de empleo en la región. De acuerdo con Muro, grandes empleadores con presencia en la capital y en municipios como Calvillo —señalando específicamente a empresas como Nissan y Tachis— mantienen prácticas abiertamente serofóbicas e ilegales. Presuntamente, estas corporaciones realizan pruebas de VIH a los aspirantes sin su consentimiento informado, negándoles la contratación de manera automática si el resultado es positivo.
Esta barrera laboral se agrava por el clima de desinformación que persiste en la opinión pública. El representante de CAVA criticó severamente a creadores de contenido e «influencers» que propagan ignorancia al confundir las etapas del VIH con el SIDA. Además, lanzó una fuerte advertencia: revelar públicamente el diagnóstico de una persona no solo perpetúa el estigma, sino que constituye un delito con severas consecuencias legales. Por ello, extendió una invitación abierta a la ciudadanía a acercarse a CAVA para recibir educación y romper la cadena de la discriminación.
El viacrucis burocrático en el IMSS
Si la lucha por un empleo digno es compleja, el acceso a la salud se ha convertido en un obstáculo que amenaza vidas. Muro lanzó un llamado de urgencia al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad y a la doctora Rosy Romero, ante un polémico cambio administrativo implementado exclusivamente en el Hospital General de Zona No. 2.
Mientras los hospitales 1 y 3 del IMSS continúan operando con normalidad, las autoridades del Hospital 2 han cerrado la puerta a la recepción directa de nuevos casos de VIH. Ahora, los pacientes son obligados a triangular su atención a través de las Unidades de Medicina Familiar. Este nuevo filtro burocrático ha provocado que el tiempo de espera para acceder a estudios virales y medicamentos antirretrovirales se dispare dramáticamente: lo que antes tomaba un mes, hoy representa un letargo de entre tres y cinco meses.
Las consecuencias de esta decisión ya son palpables. Se han reportado casos de pacientes que, ante la falta de respuesta en las clínicas familiares, se han quedado sin acceso a medicamentos de nueva generación. En el tratamiento del VIH, la adherencia es vital y la interrupción de los fármacos representa un riesgo crítico para la salud y el control virológico.
La magnitud del problema no es menor. A nivel operativo, las estadísticas de CAVA indican que en promedio se diagnostican 8 nuevos casos al mes en el estado, y cada hospital atiende a una población de aproximadamente 600 pacientes seropositivos.
La exigencia desde la sociedad civil es clara: detener inmediatamente las prácticas serofóbicas en el sector industrial y revertir de manera urgente las barreras burocráticas en el sistema de salud pública antes de que la negligencia cobre vidas.
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