En una agenda marcada por la conservación ambiental y la protección civil, Quique Galo expuso los avances decisivos sobre el futuro del predio La Pona, así como los estrictos protocolos de seguridad que el municipio está reforzando en el sector hotelero tras el reciente y trágico accidente registrado en una alberca local.
El futuro verde de La Pona: Ni un cambio de uso de suelo
El rescate y la vocación de La Pona siguen siendo una prioridad. Según detalló Galo, la Secretaría de Medio Ambiente ya emitió la convocatoria para llevar a cabo el estudio técnico previo justificativo, un paso fundamental para determinar la viabilidad de declarar esta zona como Área Natural Protegida (ANP).
Mientras este proceso legal y técnico concluye, el mensaje para los ciudadanos es claro: el predio se encuentra bajo una protección temporal absoluta. Esto significa que está blindado contra cualquier tipo de modificación o cambio de uso de suelo.
Además de la declaratoria de ANP, sobre la mesa existen propuestas innovadoras para el espacio. Se evalúa su adaptación como un bosque urbano o un centro de educación ambiental de bajo impacto, diseñado específicamente para la captación de aguas pluviales. Estas alternativas, lejos de descartar el proyecto de la ANP, buscan sumar un valor ecológico y funcional sin alterar la naturaleza del lugar.
En cuanto a la tenencia de la tierra, el municipio mantiene firme su intención de adquirir la parte alta del terreno, colindante con los fraccionamientos Simalusto y Santa Anita (cuarta sección). Aunque los dueños particulares no tienen planes actuales para intervenir o alterar la tierra, las negociaciones para concretar esta compra continúan abiertas, buscando asegurar el resguardo total del área.
Seguridad hotelera bajo la lupa: Cero tolerancia a la negligencia
En otro frente, Galo abordó las inquietudes ciudadanas tras el reciente fallecimiento de una persona en la alberca de un hotel de la ciudad. Ante este lamentable hecho, subrayó que el municipio mantiene una colaboración estrecha y constante en la revisión de hoteles y moteles.
Estos operativos se realizan a través de dos frentes: Protección Civil, encargada de inspeccionar las instalaciones físicas y el estado de las albercas, y la Dirección de Reglamentos, enfocada en vigilar las normativas sobre el consumo de alcohol. Galo recordó que las albercas operan con permisos iniciales emitidos por Protección Civil y están sujetas a verificaciones de estado físico cada seis meses.
Además, los establecimientos tienen la obligación ineludible de contar con medidas de seguridad operativas, tales como salidas de emergencia despejadas, extintores vigentes y, de manera crucial, personal médico o paramédico capacitado para brindar primeros auxilios de manera inmediata.
Sobre el trágico incidente, puntualizó que actualmente la investigación está en manos de la Fiscalía del Estado. Será esta autoridad la encargada de deslindar responsabilidades y determinar si el ahogamiento derivó de una negligencia por parte del negocio o si se trató de una imprudencia del usuario.
El funcionario fue tajante respecto a las consecuencias: si la Fiscalía concluye que existió una omisión de cuidados por parte del establecimiento, el municipio no dudará en aplicar sanciones administrativas severas, las cuales pueden ir desde fuertes multas económicas hasta la clausura definitiva de la alberca. Cabe destacar que, hasta el momento de esta declaración, no se tiene registro de ningún hotel sancionado por estos motivos en lo que va del año.
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