El encarecimiento de medicamentos y servicios de salud eleva la presión sobre las familias mexicanas, incluso entre quienes cuentan con seguridad social.
Para miles de familias mexicanas, seguir un tratamiento médico se ha convertido en una decisión que no solo depende de la receta, sino también del contenido de la cartera. El aumento sostenido en el precio de los medicamentos y la atención sanitaria está obligando a uno de cada cinco pacientes a interrumpir sus tratamientos por falta de recursos.
La llamada inflación médica ha avanzado con mayor rapidez que la capacidad de muchas familias para absorber nuevos gastos. Desde 2018, el costo de los medicamentos acumula un incremento de 53.6%, una tendencia que afecta tanto a quienes acuden a servicios privados como a los derechohabientes de instituciones públicas.
Durante 2024, los hogares mexicanos destinaron en promedio 6 mil 421 pesos a gastos relacionados con la salud. De ese monto, 38.3% correspondió a la compra de medicinas, lo que confirma que el gasto no termina al salir del consultorio: continúa en la farmacia y, en muchos casos, se repite durante meses o incluso años.
La carga también alcanza a las personas afiliadas a la seguridad social. Una parte considerable de los servicios y productos médicos se paga directamente con los ingresos familiares: en el caso de los derechohabientes del IMSS, representa alrededor de 40% del gasto en salud, mientras que para los afiliados al ISSSTE llega a 52%.
Un sistema con recursos insuficientes
Especialistas en políticas de salud advierten que el problema está relacionado, entre otros factores, con el bajo nivel de inversión pública. México destina 2.6% de su Producto Interno Bruto al sector salud, una proporción inferior al mínimo de 6% recomendado internacionalmente.
Esta brecha presupuestaria se refleja en el gasto por persona y en la necesidad de que los hogares cubran medicamentos, consultas, estudios y otros servicios. A ello se suman los costos de investigación y desarrollo, la incorporación de nuevas tecnologías y el poder de mercado de la industria farmacéutica, factores que contribuyen a elevar los precios.
Un ejemplo es la metformina de 250 miligramos, en presentación de 30 tabletas. Mientras en 2018 podía encontrarse entre 30 y 150 pesos, para 2024 su precio oscilaba entre 45 y casi 400 pesos, un aumento que, dependiendo de la presentación y el establecimiento, llegó a superar 200%.
Cuando ahorrar significa dejar de atenderse
La consecuencia más delicada no es únicamente el desequilibrio financiero de los hogares, sino el impacto sobre la salud. Cuando el dinero no alcanza, algunos pacientes reducen dosis, posponen consultas, sustituyen medicamentos o abandonan por completo los tratamientos prescritos.
La interrupción puede agravar enfermedades y generar gastos mayores en el futuro, además de profundizar la desigualdad entre quienes pueden pagar atención continua y quienes deben elegir entre la salud y otras necesidades básicas.
La inflación médica, coinciden los especialistas, debe entenderse como un problema de salud pública y no solo como un aumento de precios. Mientras los medicamentos y los servicios sigan encareciéndose por encima de los ingresos familiares y la inversión pública permanezca limitada, la continuidad de un tratamiento seguirá dependiendo, para una parte importante de la población, de cuánto dinero haya disponible al final del mes.
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