La LXVI Legislatura turnó a dictamen la iniciativa de la diputada Beatriz Montoya Hernández (PAN), registrada con los expedientes 66-675, para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
El objetivo es simple pero clave: actualizar nombres y competencias para que la ley ya no hable de un órgano extinto —el Consejo de la Judicatura— y sí refleje la nueva estructura judicial aprobada en la reforma estatal.
¿Qué artículos se tocan?
Se reforman los artículos 134, 212, 227 (párrafo segundo), 248, 249, 264 y 265 de la ley estatal.
¿Qué cambia en los hechos?
Toda referencia al Consejo de la Judicatura se sustituye por los nuevos órganos:
- Supremo Tribunal de Justicia
- Tribunal de Disciplina Judicial
- Órgano de Administración Judicial
- Tribunal de Justicia Administrativa
- Tribunal Electoral del Estado
La Comisión de Servidores Públicos consideró la iniciativa jurídicamente fundada y procedente, al advertir vacíos normativos tras las reformas constitucionales.
El sustento legal
- Reforma constitucional federal publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2024
- Decretos estatales 79 y 103 publicados en el Periódico Oficial de Aguascalientes el 18 y 23 de diciembre de 2024
- Artículo 30 de la Constitución local (principio de legalidad: la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta expresamente)
Los legisladores subrayan que son adecuaciones orgánicas y terminológicas, indispensables para certeza jurídica, evitar contradicciones y asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Responsabilidades Administrativas.
Estándar internacional
El dictamen invoca los Principios de Bangalore sobre conducta judicial (ONU, 2002) en materia de independencia judicial, para alinear la ley local con buenas prácticas.
Qué sigue
El proyecto de decreto se somete «a la recta consideración del Pleno». De aprobarse, la Ley de Responsabilidades quedará homologada con la Reforma Judicial Estatal, y los procedimientos por faltas administrativas que involucren al Poder Judicial se tramitarán ante los órganos correctos, no ante una figura ya desaparecida.
En resumen: menos confusión, más certeza. Y una ley que por fin habla el mismo idioma que la nueva justicia local.