Productores agrícolas del estado encendieron las alarmas al denunciar que están siendo afectados por mafias chinas, redes de coyotaje y la falta de apoyo gubernamental, lo que ha provocado pérdidas económicas significativas y una creciente sensación de abandono en el sector rural.
Los agricultores aseguran que la presencia de intermediarios abusivos —tanto nacionales como extranjeros— ha distorsionado los precios, presionado a la baja el valor de sus cosechas y generado condiciones de competencia desleal que ponen en riesgo la viabilidad del campo hidrocálido.
Intermediarios que imponen precios y condiciones
Los productores señalan que los llamados coyotes continúan operando sin regulación efectiva:
- Imponen precios muy por debajo del costo real de producción.
- Acaparan mercancía para revenderla a precios inflados.
- Aprovechan la necesidad económica de pequeños agricultores.
A esto se suma la presencia de mafias chinas que, según los testimonios, han comenzado a controlar parte de la cadena comercial, especialmente en productos de alto valor, generando una competencia desigual y prácticas que los productores califican como “depredadoras”.
Pérdidas económicas y riesgo para el campo
Los agricultores reportan:
- Disminución de ingresos por ventas forzadas a precios injustos.
- Endeudamiento creciente para sostener la producción.
- Abandono de tierras ante la falta de rentabilidad.
- Vulnerabilidad frente a grupos que operan sin supervisión.
Algunos productores advierten que, de continuar esta tendencia, el campo de Aguascalientes podría enfrentar un deterioro irreversible.
Falta de apoyo gubernamental
Los afectados aseguran que no han recibido:
- Programas de protección comercial.
- Supervisión efectiva contra intermediarios abusivos.
- Incentivos para mejorar la competitividad.
- Acompañamiento técnico o jurídico para denunciar prácticas ilegales.
La ausencia de políticas claras deja a los agricultores expuestos y sin herramientas para defenderse.
Un llamado urgente
Los productores piden:
- Intervención de autoridades estatales y federales.
- Regulación estricta de intermediarios.
- Protección frente a redes extranjeras que operan sin control.
- Programas de apoyo directo para garantizar precios justos.
El campo hidrocálido, sostienen, no puede seguir compitiendo en desventaja frente a estructuras que operan al margen de la ley.