Hoy estamos viendo en las noticias que inicia el procedimiento legislativo para el conocidísimo Plan B de Reforma Electoral. Se discute, pues, este tema en el Congreso de la Unión con afectación a todos los organismos de representación popular, como son los congresos de los estados y los cabildos de los ayuntamientos. Entonces, la reforma va dirigida en un discurso para modernizar la democracia.
Pero lo único que se ve en las altas y bajas, es decir, en la redacción de la iniciativa, es precisamente que va buscando la concentración del poder y precisamente en el ejército. El punto más delicado es la revocación de mandato. La figura nace como un mecanismo ciudadano para retirar a un mal gobernante.
Pero la iniciativa permite que el propio ejecutivo promueva el voto a su favor. Eso convierte la revocación en un plebiscito y no en un control democrático. El segundo eje, Luigi, es el federalismo.
La reforma fija desde la iniciativa que la constitución establezca cuántos regidores debe tener un municipio y limita el presupuesto de los congresos estatales. Es decir, rompe con la soberanía y la libertad de los estados. Esto uniforma realidades muy distintas y envía un mensaje muy claro.
El centro es el que manda. El federalismo no es un adorno, Luigi. El federalismo es un freno a la concentración del poder.
Otro punto de la iniciativa es la austeridad aplicada a las autoridades electorales. Se imponen toques salariales y restricciones que pueden sonar muy populares, pero en la práctica debilitan a quienes organizan las elecciones. La autonomía, Luigi, no es solo jurídica.
La autonomía también es material. Y en manera definitiva, un árbitro debilitado es un árbitro más vulnerable. Qué pena que el legislador destruya la clave con la que México alcanzó reconocimiento internacional por su procedimiento electoral, que es muy simple.
La autoridad administra el procedimiento electoral y es la ciudadanía quien organiza las elecciones bajo el esquema de la célula básica, que es la sección electoral y de éstas que no pueden votar más de 750 electores en cada una de las casillas. El conjunto de medidas, la revocación con propaganda oficial, la recentralización de reglas locales y la presión presupuestal sobre órganos electorales no apunta a fortalecer la democracia, sino a aumentar el control del poder ejecutivo. No es una reforma, mi querido Luigi.
Lo que está hoy en el Congreso de la Unión, primero al Senado como cámara de origen, es una captura institucional. La democracia no se mide por cuántas consultas se hacen, sino por el poder que puede, que pueda ser limitado. Cuando el poder se limita establece una oxigenación democrática y cuando una reforma reduce contrapesos, uniforma al federalismo y fragiliza al árbitro electoral, el riesgo no es técnico, es de régimen. El costo, como siempre, lo termina pagando la ciudadanía. Esperemos que exista lucidez en el representante popular en el Congreso de la Unión capaz de defender esa construcción colectiva que se logró por más de 30 años para colocar a México en la punta de lanza del procedimiento electoral