Una extensa red de corrupción en la venta de licencias de conducir en Aguascalientes ha sido expuesta, revelando un esquema de operación que abarcaba desde gestores externos hasta personal interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Ante esta situación, la SSPE ha confirmado la suspensión de tres trabajadores del área de licencias de conducir.
El modus operandi consistía en que, ante la dificultad de obtener citas para el trámite de licencia, gestores externos ofrecían el servicio de manera inmediata a un sobreprecio. La mitad del costo adicional se destinaba al gestor y la otra mitad era el pago por la licencia, la cual se entregaba al instante, sin necesidad de filas ni exámenes de manejo. Esta práctica se había normalizado al punto de que estos gestores, e incluso algunos funcionarios, promovían sus servicios con tarjetas de presentación y en redes sociales, actuando como un negocio ilícito.
La gravedad del asunto escaló al descubrirse que estas licencias de conducir de Aguascalientes estaban siendo vendidas en Estados Unidos. Debido a su validez en la mayoría de los estados norteamericanos, funcionarios o gestores viajaban cada seis meses para venderlas en dólares a personas que no necesitaban presentarse en México para el trámite.
Ante la revelación, el titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, confirmó la suspensión sin goce de sueldo de tres trabajadores de la policía estatal por irregularidades en la expedición de licencias. La suspensión se mantendrá mientras se llevan a cabo las investigaciones internas.
Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la profundidad de la investigación, ya que se exige que no se limite a lo interno, sino que se considere una denuncia ante la Fiscalía, dado que se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos. La preocupación principal es desmantelar esta red de corrupción que, lamentablemente, muchos ciudadanos habían llegado a «normalizar», bajo el argumento de que «siempre se ha hecho». La situación resalta la urgencia de erradicar estas prácticas que minan la confianza en las instituciones y comprometen la legalidad y la seguridad pública.