Enrique García López, conocido como «Quique Galo», recordó la batalla legal y ciudadana por La Pona y cómo, tras revertirse el amparo promovido por ambientalistas, se abrió una ventana para negociar con los propietarios.
«Cuando se revierte y se sobresee el amparo que habían promovido ambientalistas y la empresa se encontraba lista para iniciar los movimientos de tierra, ciudadanos —que no solamente eran ambientalistas sino verdaderos ciudadanos— decían: ‘oye, el Estado, el gobierno, el municipio tiene que hacer algo porque esto lo consideramos parte de nuestro patrimonio'», relató.
«Quiero dejarle lo mismo a mis hijos»
García López subrayó el valor simbólico del predio: «A mí me dejaron La Pona como un ejemplo de que la ciudad podía coexistir con espacios ambientales y yo quiero dejarle lo mismo para mis hijos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo?».
Un año de diálogo
El proceso, dijo, no fue inmediato. «Nos tardó todo un año, amigo, el tener la posibilidad de que los particulares entraran en ese raciocinio».
Con esa frase, «Quique Galo» resumió la ruta que, desde su visión, permitió pasar del litigio a la mesa de acuerdos para preservar La Pona como espacio ambiental en medio de la ciudad.
