Productores agrícolas y ganaderos del estado han comenzado a resentir los efectos de los nuevos requerimientos establecidos en la Ley de Aguas, normativa que —según advierte Juan Antonio Martín del Campo— está generando afectaciones económicas y operativas en el campo hidrocálido.
De acuerdo con el legislador, las disposiciones recientes han impuesto trámites más estrictos, mayores requisitos para el uso y aprovechamiento del agua, así como procedimientos que resultan difíciles de cumplir para pequeños y medianos productores. Esto ha derivado en retrasos, incertidumbre y costos adicionales para quienes dependen del recurso hídrico para mantener sus actividades productivas.
Productores locales, entre los más afectados
Campesinos y ganaderos señalan que la nueva regulación ha complicado:
- Renovación de concesiones
- Acceso a volúmenes de agua para riego
- Trámites para pozos y permisos
En algunos casos, los cambios han frenado ciclos de siembra o limitado la disponibilidad de agua para el ganado, lo que impacta directamente en la productividad y en los ingresos de las familias rurales.
Llamado a revisar la normativa
El senador que hizo público el señalamiento pidió que se realicen ajustes urgentes a la ley para evitar que continúe el perjuicio al sector primario, uno de los más sensibles ante la crisis hídrica que enfrenta la región.
Sostuvo que la legislación debe garantizar la sustentabilidad del agua, pero sin poner en riesgo la viabilidad económica de quienes dependen del campo para vivir.
La discusión sobre posibles modificaciones continuará en las próximas semanas, mientras organizaciones agrícolas preparan propuestas para presentar ante autoridades estatales y federales.