En rueda de prensa, Juventino Lamas alertó sobre las implicaciones de la «Ley de Fomento a la Inversión de Infraestructura Estratégica para el Bienestar», publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de abril de 2026. Según Lamas, esta nueva legislación permite la inversión mixta, pero introduce un componente especial: autoriza el uso de los fondos de retiro de los trabajadores (Afores) para el desarrollo de infraestructura gubernamental.
Lamas explicó que estos recursos podrán ser inyectados en obras públicas que no necesariamente generan utilidad, sino que buscan brindar servicios o reducir brechas de desigualdad, citando como ejemplos recientes el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El gran riesgo de esta medida, subrayó, es la generación de «minusvalías», es decir, la pérdida de recursos y rendimientos en los ahorros de los trabajadores.
Para dimensionar el impacto, Lamas presentó cifras contundentes: en México existen 10 Afores que administran el dinero de 70 millones de trabajadores, sumando un ahorro acumulado de aproximadamente 8.6 billones de pesos. Detalló que, aunque la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) señala que actualmente se invierte el 7.5% en infraestructura, la CONSAR estableció desde 2024 un límite del 30%. Esto significa que hasta 2.5 billones de pesos del dinero de los trabajadores podrían ser destinados a este tipo de obras gubernamentales.
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