Hay algo profundamente injusto en la manera en que hoy muchas víctimas viven en el proceso de recuperación de su patrimonio.
En Aguascalientes, cuando una persona sufre el robo de su vehículo, enfrenta primero la angustia, la incertidumbre y la afectación económica que deja el delito. Pero después, cuando finalmente la autoridad recupera esa unidad, la víctima todavía tiene que enfrentarse a otro obstáculo. Pagar para poder recuperar.
Pagar el corralón, pagar el arrastre, pagar el almacenaje y pagar las maniobras. Como si haber sido víctima de un delito no fuera ya suficiente. Desde Movimiento Ciudadano, creemos que las instituciones deben acompañar a las personas y no castigarlas nuevamente mediante trámites excesivos, costos injustificados y procesos burocráticos que terminen revictimizando a quienes ya fueron afectados por ese delito.
Por eso, la iniciativa que hoy presentamos propone reformar la Ley de Víctimas y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para garantizar que los vehículos recuperados o asegurados con motivo de una investigación penal sean devueltos de manera gratuita, pronta y sin condicionamientos económicos inevitables. Porque recuperar tu patrimonio no debería de convertirse en otro problema económico. Esta propuesta tiene un enfoque claro, pero las víctimas siempre al centro.
Y lo hace estableciendo reglas precisas. Primero, reconoce expresamente que no podrán conversar conceptos como guarda, depósito, pensión o arrastre cuando esos gastos se hayan generado por el aseguramiento derivado del delito. Segundo, se establece que la devolución deberá realizarse de manera rápida una vez emitida la orden de liberación correspondiente.
Y tercero, se obliga a preservar la integridad del vehículo durante el resguardo, evitando daños, robos de autopartes o deterioros que hoy desafortunadamente también ocurren. La justicia no debe medirse por la capacidad económica de las personas. No podemos permitir que quien fue víctima de un delito termine pagando las consecuencias administrativas de un sistema que debería protegerlo.
Esa reforma no invade competencias federales, no genera nuevas estructuras burocráticas y tampoco elimina responsabilidades legítimas como multas o infracciones ajenas al hecho delictivo. Lo que sí hace es eliminar una distorsión profundamente injusta, porque cuando el Estado recupera un vehículo robado no está haciendo un favor, está cumpliendo con sus obligaciones. Y cuando la víctima acredita legalmente la propiedad de ese vehículo, lo correcto es devolverlo sin imponerle nuevas cargas económicas.