Aunque la Constitución reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, especialistas advierten que en México este principio se queda en el papel debido a vacíos legales, falta de coordinación institucional, trabas jurídicas y políticas públicas aisladas que impiden una protección real de los ecosistemas.
Durante la mesa de análisis Más Allá de la Noticia, académicas e investigadoras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y especialistas en derecho ambiental coincidieron en que el país enfrenta una crisis ambiental que avanza más rápido que la capacidad del Estado para regularla.
🌎 Un derecho que depende de “lo que la naturaleza nos da”
La investigadora Belinda Camarena explicó que el marco jurídico mexicano sigue entendiendo el medio ambiente desde una visión utilitaria, donde la naturaleza solo se protege si se demuestra que “presta servicios ambientales” al ser humano.
“No tendríamos que acreditar que La Pona o cualquier ecosistema nos sirve para protegerlo”, señaló.
Este enfoque obliga a comunidades y activistas a presentar peritajes costosos y complejos para demostrar que un ecosistema es útil, lo que retrasa o impide su defensa.
⚖️ Un marco legal extenso… pero ineficaz
La especialista en derecho ambiental Lisbeth Espinoza detalló que México cuenta con un entramado de leyes —Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley de Cambio Climático, Ley de Aguas Nacionales, entre otras— pero su aplicación es limitada por tres factores:
- Competencias fragmentadas entre Federación, estados y municipios.
- Normas ambiguas que permiten interpretaciones laxas.
- Desconocimiento técnico por parte de empresas y autoridades.
“Muchos incumplimientos no son por dolo, sino porque el marco normativo es tan complejo que resulta imposible seguirle el paso”, afirmó.
🏭 Impacto ambiental: se evalúa la obra, no las consecuencias
La profesora Elsa Marcela Ramírez advirtió que las manifestaciones de impacto ambiental solo evalúan la construcción, pero no los efectos posteriores:
- emisiones contaminantes,
- descargas de agua,
- residuos,
- afectaciones a la biodiversidad.
Esto permite que proyectos industriales o inmobiliarios cumplan “en papel”, pero generen daños irreversibles años después.
“No existe un estudio de impacto ambiental a futuro. Y cuando el daño aparece, ya nadie se hace responsable”, señaló.
🔥 Casos locales: La Pona, Cobos y el Picacho
Las especialistas recordaron que en Aguascalientes existen ejemplos claros de esta problemática:
- La Pona, donde se exige demostrar “servicios ambientales” para protegerla.
- Cobos, con impactos acumulados no evaluados.
- El Picacho, afectado por desarrollos sin análisis de largo plazo.
🧩 Obstáculos principales
- Trabas jurídicas como el “entorno adyacente”, que impide a ciudadanos defender ecosistemas fuera de su zona inmediata.
- Reformas al amparo que ahora exigen demostrar afectación directa, obligando a esperar a que el daño ocurra.
- Conflictos de interés entre gobiernos y empresas.
- Falta de cultura ambiental en negocios y ciudadanía.
- Políticas públicas aisladas, sin coordinación entre salud, agua, energía y desarrollo urbano.
🛑 Conclusión: un derecho reconocido, pero no garantizado
Las especialistas coincidieron en que México necesita:
- actualizar su marco jurídico,
- reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos,
- fortalecer la vigilancia ambiental,
- prevenir antes que remediar,
- y romper la visión utilitaria del ecosistema.
Mientras eso no ocurra, el derecho a un ambiente sano seguirá siendo una promesa incumplida.