A pocas semanas de que venza el plazo oficial para registrar los números celulares en el nuevo padrón nacional, el proceso enfrenta serios cuestionamientos por parte de usuarios, especialistas y organizaciones civiles. Hasta ahora, solo 20% de las líneas del país han sido registradas, lo que evidencia la falta de confianza en el sistema y la incertidumbre sobre el manejo de datos personales.
Diversos usuarios han denunciado que, al intentar completar el trámite, descubrieron que sus números ya aparecen registrados a nombre de otras personas, lo que revela vulnerabilidades en la plataforma y posibles filtraciones previas de información. A esto se suma la aparición de chips “ya registrados” ofrecidos en redes sociales, un mercado ilegal que agrava la preocupación sobre el uso indebido de identidades.
El rezago también pone en duda la viabilidad de cancelar millones de líneas en los próximos 40 días, como establece la normativa. Expertos advierten que una medida de ese tamaño podría afectar actividades económicas, servicios de emergencia, trámites bancarios y comunicaciones cotidianas.
Organizaciones de defensa digital han señalado que el proceso carece de claridad, transparencia y garantías de seguridad, lo que ha alimentado la resistencia ciudadana. Mientras tanto, legisladores y especialistas piden revisar el mecanismo antes de aplicar sanciones que podrían dejar incomunicada a una parte significativa de la población.