Como defensoras de derechos humanos y acompañantes de familias de personas desaparecidas, expresamos nuestra indignación y preocupación ante la reciente sentencia dictada contra 15 jóvenes localizados en un campamento del crimen organizado, quienes han recibido condenas de entre 14 y 18 años de prisión a través de procedimientos abreviados.
Estos casos no pueden analizarse de manera aislada ni reducida a una narrativa de criminalidad individual. Nosotras acompañamos la defensa de los jóvenes en coordinación con especialistas solidarios que elaboraron un macro-peritaje y documentaron, a través de testimonios directos, las condiciones de reclutamiento forzado, engaño, amenazas y coacción en las que se encontraban sus familiares.
La evidencia recabada es contundente: no se trata de decisiones libres ni de trayectorias delictivas voluntarias, sino de jóvenes captados en contextos de vulnerabilidad bajo falsas ofertas de trabajo, posteriormente privados de su libertad y forzados a integrarse a dinámicas criminales, prácticas que constituyen graves violaciones a derechos humanos que se han profundizado en los últimos años.
Sin embargo, el Estado ha sido omiso en reconocer plenamente el reclutamiento forzado como delito autónomo, así como en generar mecanismos efectivos de prevención, rescate y atención integral.
Frente a este contexto, resulta preocupante que la respuesta institucional continúe centrada en la persecución penal de quienes, en muchos casos, son víctimas.
De igual forma, la imposición de sentencias sin un análisis exhaustivo de las condiciones de reclutamiento, coacción y violencia estructural reproduce una lógica de criminalización de la pobreza y de las juventudes; ésto no es justicia, sino la revictimización de quienes ya fueron captados por la violencia.
Como sociedad no podemos normalizar que jóvenes que salieron a buscar trabajo terminaran siendo procesados como delincuentes en cuestión de semanas. No podemos aceptar que la desigualdad, la falta de oportunidades y la ausencia de políticas se traduzcan en condenas penales.
Desde este Observatorio exigimos:
- El reconocimiento del reclutamiento forzado como una forma grave de violencia y violación a derechos humanos.
- La revisión exhaustiva de los casos, incorporando un enfoque centrado en las víctimas (y no únicamente punitivo).
- La implementación de protocolos de identificación de víctimas de reclutamiento forzado dentro de los procesos penales.
- La urgente generación de políticas públicas de prevención, atención y reintegración para juventudes en riesgo.
- El cese de la criminalización de personas jóvenes y en situación de pobreza.
Seguiremos acompañando a las familias que hoy enfrentan tanto la ausencia de sus familiares, como la estigmatización y la injusticia. Reiteramos que la violencia social que atraviesa a nuestras juventudes no puede seguir siendo respondida con más violencia institucional; no son criminales, son jóvenes atravesados por un sistema que les falló.