Impedir, restringir o negar sin causa justificada la convivencia de un menor con uno de sus padres podría convertirse en un delito en Aguascalientes. La diputada Nancy Gutiérrez ha presentado una iniciativa para sancionar penalmente la obstrucción de la convivencia familiar, buscando proteger el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a mantener un vínculo con ambos progenitores.
«No estamos hablando únicamente de la sustracción de menores en su manera tradicional. Estamos hablando de algo más cotidiano, pero igualmente dañino: llamadas que no se permiten, visitas que se cancelan, convivencias que simplemente se ignoran», explicó la legisladora desde la tribuna del Congreso.
Gutiérrez argumentó que estas conductas, aunque no impliquen una separación física, generan una «separación emocional» que deja consecuencias profundas en el desarrollo de los menores, quienes terminan pagando el costo de los conflictos entre adultos.
Un Límite a Conflictos que Afectan a los Niños
La iniciativa busca reconocer que cuando uno de los padres incumple una resolución judicial o un derecho de convivencia previamente reconocido, no se trata de un simple desacuerdo, sino de una conducta que vulnera los derechos de la infancia.
«Esta propuesta no busca criminalizar conflictos familiares… Lo que se busca es establecer un límite cuando ese conflicto rebasa ya lo razonable y termina afectando directamente a las niñas y a los niños», aclaró la diputada.
Sanciones y Excepciones Claras
La propuesta establece sanciones proporcionales que van de 2 a 5 años de prisión, junto con multas económicas, para quien cometa este delito. El objetivo es enviar un mensaje claro: «No se puede utilizar a los hijos como instrumento de conflicto entre dos adultos».
Sin embargo, la iniciativa es descrita como «cuidadosa y equilibrada», ya que prevé excepciones. No se configurará el delito cuando exista una causa justificada para impedir la convivencia, como un mandato de autoridad o cuando exista un «riesgo real, actual y comprobable para la integridad del menor».
«La convivencia no es un premio ni un privilegio de los padres, es un derecho de niñas, niños y adolescentes», afirmó Gutiérrez, recordando que así lo establece la Constitución y los tratados internacionales.
La propuesta, que surge ante el aumento de divorcios y conflictos que saturan los juzgados familiares, busca poner en el centro los derechos de los menores, reconociendo que el daño emocional, aunque no sea visible, es real y el Estado tiene la obligación de intervenir.