«¿Qué pasó con la tierra de la gente buena?». Con esta pregunta, la diputada de Morena, Alejandra Peña, subió a la tribuna del Congreso para expresar su profunda indignación por el caso del bar «Tormenta del Oeste», donde 12 menores de edad fueron rescatados de una red de explotación. La legisladora señaló no solo la responsabilidad institucional, sino también la social.
«Hoy debemos reconocer con profundo dolor que como comunidad también hemos fallado. Fallamos al pretender ignorar lo que sucedía frente a todos nosotros… Hubo clientes, hubo miradas cómplices, hubo silencios que alimentaron y financiaron una atrocidad», sentenció Peña.
La diputada criticó duramente que el establecimiento operara «abiertamente, durante años, en una zona céntrica, a la vista de todas y de todos. Y nadie hizo nada».
«Ceguera Administrativa»
El centro de su posicionamiento fue la exigencia de respuestas ante lo que calificó como una «gravísima omisión» y una «falta de supervisión que facilitó un escenario de impunidad».
«Aquí surge la pregunta que resuena en las calles y que hoy traigo a esta soberanía: ¿Cómo es posible que las autoridades encargadas de la inspección, verificación y seguridad no lo notaran?», cuestionó. «Resulta inconcebible que dependencias como la Dirección de Reglamentos del municipio de Aguascalientes no hubiera detectado a tiempo este infierno».
Ante esta «ceguera administrativa», la legisladora afirmó que es una exigencia ciudadana urgente que se investigue a fondo cualquier posible negligencia e incluso actos de colusión.
Presentan Punto de Acuerdo
Para formalizar esta exigencia, la bancada de Morena presentó un punto de acuerdo con dos propósitos claros:
- Exigir al Ayuntamiento de Aguascalientes un informe oficial, detallado y transparente sobre el estatus legal del establecimiento, los registros de las inspecciones que se debieron realizar y el seguimiento a las quejas ciudadanas.
- Exhortar a la Fiscalía General del Estado y a los órganos internos de control para que investiguen, tanto administrativa como penalmente, las posibles omisiones de los servidores públicos responsables de vigilar el lugar.
«Tampoco seré cómplice del silencio y tenemos el deber de exigir que las instancias correspondientes indaguen hasta las últimas consecuencias», afirmó la diputada, invitando a todos los legisladores a sumarse al punto de acuerdo.
«Aprobar este acuerdo es enviar un mensaje unánime y contundente: en este Congreso no cerramos los ojos, no encubrimos y, sobre todo, no vamos a tolerar omisiones institucionales que pongan en riesgo la vida de lo más preciado: nuestras niñas, niños y adolescentes», concluyó.