El diputado Fernando Alferez Barbosa se pronunció respecto a la situación legislativa derivada del accidente de la representante Irma, destacando la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Congreso para evitar vacíos de representación popular en casos de incapacidad médica prolongada.
Recuperación y Relevo en el Congreso
Tras el accidente ocurrido en el municipio de Calvillo, Alferez confirmó que Irma ha recobrado la conciencia, lo cual permite que su suplente, Claudia González, pueda tomar protesta bajo su anuencia. El legislador aclaró que González no es hija de la titular, desmintiendo rumores previos, y recordó que ella fue quien recibió la constancia oficial cuando Irma se encontraba fuera del estado.
Puntos clave sobre el estado de salud de la legisladora:
- Atención Médica: Se reconoció la eficacia del traslado en helicóptero desde el lugar del siniestro y la infraestructura hospitalaria que permitió su estabilización.
- Pronóstico: Aunque ha recobrado el sentido, el equipo médico estima que no podrá integrarse a su vida cotidiana de forma inmediata; se prevé un periodo de recuperación de al menos dos meses.
Llamado a la Reforma Legislativa
El diputado Alferez Barbosa señaló que este caso puso en evidencia un «vacío legal» en la normativa actual. Argumentó que, en situaciones donde un representante queda en estado de coma, no existe una manifestación de voluntad clara que permita la entrada del suplente de manera automática.
«Ante estos supuestos, yo creo que las leyes deben establecer el supuesto de este tipo de accidentes donde quedan en coma para darle la posibilidad al suplente de asumir la titularidad», afirmó Alferez.
El legislador enfatizó que estas modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso son fundamentales para garantizar que los partidos políticos y la ciudadanía no pierdan su derecho a la representación por causas de fuerza mayor o periodos largos de recuperación. Finalmente, mencionó que, aunque existe la Ley de Voluntad Anticipada, esta suele asociarse erróneamente con la eutanasia, por lo que es necesario legislar específicamente para proteger la operatividad del poder legislativo ante daños cerebrales o incapacidades temporales severas.