. El día de hoy presento una iniciativa que busca fortalecer la protección de los derechos humanos de quienes representan nuestro presente y nuestro futuro, las niñas, niños y adolescentes de nuestros municipios de Aguascalientes.
La explotación infantil constituye una de las expresiones más graves de vulneración de la dignidad humana. Cuando una niña o un niño trabaja en condiciones que ponen en riesgo su desarrollo, cuando abandonan la escuela para contribuir al ingreso familiar o cuando es víctima de explotación económica, laboral o sexual, no estamos frente a una decisión individual o familiar, estamos frente a una falla colectiva del Estado y de la sociedad. Nuestro marco constitucional es claro, el interés superior de la niñez obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la Constitución, los tratados internacionales y la legislación nacional reconocen su derecho a desarrollarse plenamente, libres de toda forma de violencia, abuso y explotación. Sin embargo, la realidad nos exige hacer más. De acuerdo con datos oficiales, en México más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil.
En Aguascalientes existen más de 16 mil niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas. Detrás de cada cifra hay una historia de vulneración de derechos, una infancia interrumpida y una oportunidad perdida para el desarrollo integral de nuestra sociedad. Por lo anterior expuesto, es que esta iniciativa propone dos acciones concretas.
La primera consiste en reconocer expresamente dentro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, el derecho de toda niña, niño y adolescente a vivir una libre forma de explotación, incluyendo la explotación económica, laboral y sexual. La trata de personas, el trabajo forzoso, la esclavitud y las peoras formas de trabajo infantil. Porque aquello que la ley nombra, protege.
Y aquello que la ley protege, obliga a las instituciones a actuar con mayor firmeza. La segunda propuesta fortalece el papel de los municipios como autoridad más cercana a la ciudadanía. Se otorgan facultades expresas a los ayuntamientos para diseñar políticas, implementar acciones preventivas, detectar aquellas situaciones de riesgo, coordinar esfuerzos institucionales y denunciar casos de explotación infantil ante las autoridades competentes.
Es importante aclarar que esta reforma no invade competencias de otras autoridades, tampoco genera estas cargas presupuestales extraordinarias, lo que hace es aprovechar la capacidad institucional existente en los municipios para convertirlos en actores activos en la prevención y erradicación de la explotación infantil. Ninguna niña o niño deberían estar trabajando cuando deberían estar aprendiendo. Ninguna niña o niño deberían ver limitada su educación, su salud, su recreación o su proyecto de vida por condiciones de progresa, exclusión o explotación.
Y ninguna autoridad puede permanecer indiferente cuando los derechos de las infancias son vulnerados. La grandeza de una sociedad y de un pueblo no se mide siempre por la riqueza que produce, sino por la protección que brinda a aquellos quienes más la necesitan, en este caso los niños, niñas y adolescentes. Por ello, esta iniciativa busca consolidar un marco jurídico más sólido, más preventivo y cercano a las realidades de nuestras comunidades y colonias, para que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente vea comprometido su desarrollo por causa de la explotación. Las infancias no necesitan discursos de protección, necesitan acciones efectivas de protección